NOTA DE PRENSA


LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE DE ADAMUZ RECLAMA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE REVISE LOS CRITERIOS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS



El colectivo valora positivamente la aprobación del Decreto-ley 8/2026, pero solicita modificaciones para garantizar una reparación justa e inclusiva.


Exigen que las ayudas se extiendan a todos los pasajeros afectados por el siniestro, sin exclusiones por el tipo de secuela o el lugar de residencia.


Huelva, 15 de mayo de 2026.
La Asociación de Víctimas y Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz ha remitido un escrito formal al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía y a la Consejería competente para solicitar una revisión de los criterios de concesión de las ayudas económicas aprobadas tras la tragedia del pasado 18 de enero, en la que fallecieron 46 personas y centenares resultaron heridas.


Si bien la Asociación valora de forma positiva la voluntad política de la Junta al aprobar el Decreto-ley 8/2026, de 12 de mayo, manifiesta su
profunda preocupación y disconformidad
con las limitaciones de la norma. El colectivo señala que los baremos actuales dejan fuera a una parte significativa de los afectados.


Evaluación humana e individualizada
La asociación advierte que remitirse de forma casi automática al Real Decreto 627/2014 excluye los daños de carácter psicológico, emocional o traumático. En palabras de la organización:
«Nadie que vivió aquel episodio salió indemne. Muchos viajeros sufren hoy ansiedad, estrés postraumático, insomnio y cuadros depresivos que han alterado gravemente su vida cotidiana, sin que estas afecciones vayan a ser reconocidas adecuadamente por el sistema actual».
Por ello, reclaman que la Administración autonómica realice una
evaluación individualizada y pormenorizada
de cada caso para determinar las verdaderas consecuencias del accidente.



Una reparación sin fronteras administrativas
Otro de los puntos críticos es la limitación territorial de las ayudas, que actualmente se dirigen en exclusiva a residentes en Andalucía. La Asociación considera injusto que personas que sufrieron exactamente el mismo accidente y las mismas consecuencias personales queden excluidas únicamente por residir en otra comunidad autónoma, por lo que apelan a los principios de igualdad y solidaridad.



Peticiones concretas al Gobierno andaluz
A través del documento presentado, la Asociación solicita formalmente a la Junta de Andalucía:
Reconsiderar los criterios de concesión
, evitando que las valoraciones del Real Decreto 627/2014 constituyan el único elemento determinante.
Llevar a cabo una valoración exhaustiva de todos los viajeros
, incluyendo especialmente las secuelas psicológicas y emocionales.
Reconocer el derecho a compensación
para la totalidad de los pasajeros del tren siniestrado.
Extender las ayudas a todas las víctimas
, eliminando el requisito de residencia exclusiva en Andalucía.
Modificar el Decreto-ley actual
o impulsar una nueva norma que garantice una respuesta verdaderamente justa, inclusiva y reparadora.

Un relato directo de la tragedia
Samper comenzó su intervención trasladando la crudeza de lo vivido por las víctimas durante el accidente y en los minutos posteriores. En palabras del propio presidente: “Estábamos enterrados entre hierros, desangrándonos, y no venía nadie”, poniendo de relieve la gravedad de la situación y la sensación de abandono experimentada por los pasajeros, en muchos casos durante los momentos más críticos tras el impacto.

Dudas sobre la seguridad ferroviaria
Durante su comparecencia, Samper fue contundente al cuestionar el estado actual del sistema ferroviario español: “El tren en España no es seguro. Dios quiera que no vuelva a pasar”. Asimismo, comparó la situación de España con otros países con mayores estándares de seguridad: “Segura es la alta velocidad en Japón, España no tiene mucho que decir en este sentido” poniendo de manifiesto la preocupación de las víctimas por la falta de garantías actuales y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención.

Un accidente evitable
Samper subrayó que, lejos de ser un suceso fortuito, el accidente podría haberse evitado. Según expuso, existían indicios claros de fallos en el mantenimiento de la infraestructura: “Hay evidencias más que claras de que el carril llevaba roto más de 22 horas”, un hecho clave para reforzar la tesis de que el siniestro fue consecuencia de una cadena de fallos acumulados.

Exigencia de responsabilidades
La comparecencia también estuvo marcada por la exigencia de responsabilidades políticas e institucionales. Samper reclamó con firmeza que se asuman las consecuencias de lo ocurrido: “Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día”.  En este sentido, calificó lo sucedido como: “Una cadena de despropósitos”. Desde la Asociación insistimos en que el reconocimiento de errores y la depuración de responsabilidades son imprescindibles para ofrecer reparación a las víctimas.

Críticas a la gestión posterior
Más allá del accidente, Samper denunció la falta de respuesta institucional tras la tragedia. Las víctimas, según expuso, han tenido que afrontar solas muchas de las gestiones que deberían haber sido atendidas por las administraciones: “Muchos de nosotros… hemos dedicado gran parte de nuestras vidas en hacer labores que no nos corresponden”. También reclamó una mayor agilidad en las ayudas y una atención más adecuada a los afectados.

Un llamamiento a la verdad y a la prevención
La intervención de Mario Samper concluyó con una reivindicación clara: conocer toda la verdad de lo sucedido, depurar responsabilidades y adoptar medidas que garanticen que una tragedia como la de Adamuz no vuelva a repetirse.
Las víctimas reclaman no solo justicia, sino también un compromiso firme con la seguridad ferroviaria.
Desde la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz queremos dejar claro que nuestra lucha se centra en tres reivindicaciones fundamentales que consideramos irrenunciables.

En primer lugar, la verdad: exigimos conocer con total transparencia qué ocurrió, por qué ocurrió y quiénes fueron los responsables de que un accidente evitable terminara con la vida de 46 personas y marcara para siempre la vida de cientos de afectados.

En segundo lugar, la justicia y la asunción de responsabilidades: reclamamos que las instituciones y las personas que fallaron asuman las consecuencias de sus decisiones o de su inacción. Sin responsabilidades no hay reparación posible ni garantías de que algo así no vuelva a suceder.

Y, por último, la prevención y la seguridad: exigimos la adopción inmediata de medidas eficaces que garanticen un sistema ferroviario seguro, con protocolos adecuados, inversión suficiente y tecnología capaz de evitar fallos como el que provocó esta tragedia.

Asimismo, reclamamos una atención digna y ágil a las víctimas, con indemnizaciones justas, apoyo psicológico continuado y un acompañamiento institucional real que esté a la altura del sufrimiento vivido.
Nuestra voz no es solo la de quienes ya no están o de quienes sobrevivimos a aquel día, sino también la de quienes utilizan el ferrocarril a diario. Nuestro objetivo es claro: que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia como la de Adamuz.